Por Horacio Moschetto, Cámara de la Industria del Calzado
La falsificación marcaria y el comercio ilegal de productos de calzado constituyen, desde hace años, una problemática de alto impacto para la industria nacional. Se trata de un fenómeno complejo que combina vulneraciones al derecho marcario, evasión fiscal, informalidad laboral y competencia desleal. Como institución representativa del sector, desde la Cámara de la Industria del Calzado asumimos el compromiso de visibilizar, denunciar y colaborar activamente con los organismos pertinentes para su erradicación.
Una problemática que excede lo comercial
La circulación de calzado falsificado —ya sea mediante la reproducción no autorizada de marcas registradas, la importación irregular de componentes o la venta informal— no solo vulnera derechos legales de los titulares de marca. También genera consecuencias sociales, económicas y productivas profundas:
– Perjudica directamente a las empresas formalmente establecidas.
– Debilita la cadena de valor industrial del calzado, en la que intervienen diseñadores, modelistas, operarios, talleres, comercios y proveedores.
– Promueve el empleo precario y el deterioro de las condiciones laborales.
– Erosiona la recaudación fiscal necesaria para el sostenimiento de políticas públicas.
– Genera un entorno de inequidad que desalienta la inversión y el desarrollo tecnológico.
Y, además, al no poder garantizarse la trazabilidad de origen, se expone al consumidor a materiales no certificados, potencialmente contaminantes o nocivos para la salud.
Estos efectos no son abstractos. Se traducen, día a día, en la pérdida de empleos, el cierre de fábricas y comercios, y la degradación de una industria que históricamente ha sido generadora de valor agregado nacional.
Un compromiso institucional sostenido
La Cámara de la Industria del Calzado ha sostenido, en los últimos años, una agenda activa y
constante en defensa de la legalidad y la transparencia comercial. En este marco, hemos realizado diversas presentaciones ante la Dirección General de Aduanas, la AFIP, el Ministerio de Seguridad y fiscalías intervinientes, en las que se alertó sobre la comercialización de productos en presunta infracción al Código Aduanero y sobre posibles maniobras fraudulentas en la importación de partes de calzado.
Como resultado de estas acciones institucionales, en el mes de junio del corriente año, la Aduana llevó adelante procedimientos de control en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires. Durante los mismos se secuestraron más de 2.000 pares de calzado en infracción y se inició una causa penal contra los responsables.
Estas acciones se concretan en articulación con el Departamento de Inspecciones Aduaneras, con fiscalías penales económicas y con el Ministerio de Seguridad de la Nación, a través del Director Nacional de Operaciones y Despliegue Territorial.
Este tipo de operativos constituye una herramienta fundamental en la protección del sector, y demuestra que el trabajo coordinado entre el ámbito público y el privado es posible y necesario.
Conciencia social y corresponsabilidad ciudadana
Aun así, entendemos que el abordaje del fraude marcario no puede limitarse a los aspectos legales y punitivos. Es imprescindible generar conciencia a nivel social sobre el verdadero impacto que tiene esta práctica.
Cada vez que un consumidor adquiere un producto falsificado -ya sea en la vía pública o a través de canales digitales informales-, se vulneran múltiples derechos y se debilita al conjunto de la industria nacional. Además, se incurre en un acto ilícito, ya que la compra de productos que infringen derechos de propiedad intelectual también se encuentra fuera del marco legal.
Muchas veces estas decisiones se toman por desconocimiento o frente a la urgencia económica, pero es precisamente allí donde el rol institucional resulta clave: informar, acompañar y educar sobre la importancia de elegir productos legales, trazables y confiables.
Desde la Cámara reafirmamos que consumir calzado fabricado bajo estándares legales y de
calidad es, también, una forma de defender el trabajo argentino, de preservar el oficio y de
contribuir al crecimiento de una industria estratégica para el país.
Una política sostenida en el tiempo
Nuestro compromiso es claro: continuar impulsando medidas concretas para combatir la falsificación, promover canales de venta formales, colaborar con los organismos de control, y sostener una política sectorial basada en la legalidad, la innovación y la producción con valor agregado.
El camino no es sencillo, pero es necesario. Y desde esta institución, redoblamos esfuerzos cada día para que las reglas sean justas, el comercio transparente y el desarrollo de nuestra industria una realidad compartida.
